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PLAN DE RECUPERACIÓN

La adenda aprobada inyectará más de 28.000 millones de euros a los PERTE

adenda Plan de Recuperación

La adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fue aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 6 de junio y va camino a la Comisión Europea, antes de la celebración de las elecciones anticipadas del 23 de julio. Este anexo al programa incluye compromisos de reformas e inversiones para atraer más de 90.000 millones de euros en fondos europeos hasta 2026, un gran revulsivo económico que se estructurará en 7.700 millones de euros de transferencias adicionales, 2.644 millones de euros a través del programa REPowerEU y hasta 84.000 millones de euros en préstamos a bajo interés de los fondos NextGenerationEU, canalizados a través de catorce fondos.

De esta cifra cerca de 30.000 millones de euros se destinarán a once PERTE (el Naval es el único que no recibirán ninguna asignación), con el objetivo de impulsar la autonomía estratégica en el ámbito energético, tecnológico, industrial, agroalimentario y digital.

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El que más fondos adicionales recibirá es el PERTE CHIP, con 11.975 millones de euros, seguido del PERTE ERHA (Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento), con 5.494 millones euros, y el PERTE de la Digitalización del Ciclo del Agua con 3.055 millones de euros.

 


Los 14 fondos de la adenda al Plan de Recuperación

Los préstamos procedentes de la Comisión Europea permitirán una financiación sostenible a un menor tipo de interés que la obtenida por el Tesoro Público y largos plazos de amortización, que se trasladarán a las Comunidades Autónomas y empresas, lo que garantiza el mantenimiento del flujo de financiación en un contexto marcado por la subida de los tipos de interés. Estos préstamos se canalizarán a través de 14 fondos que permitirán establecer una red de seguridad y mantener el esfuerzo de inversión en los próximos años:

Está dotado con hasta 20.000 millones de euros para la financiación de proyectos de inversión sostenible de las Comunidades Autónomas. Estas inversiones se realizarán en los sectores de vivienda social y asequible y regeneración urbana; transporte sostenible; competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo innovación; turismo sostenible; economía de los cuidados y gestión de aguas y residuos y transición energética.

Su gestión, en colaboración con el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), permitirá aprovechar la experiencia y conocimiento de la institución europea en la financiación de inversiones de las Comunidades Autónomas, así como ampliar la capacidad financiera gracias a la cofinanciación de proyectos. Con este fondo, se traslada a los proyectos en las Comunidades Autónomas las condiciones favorables de los préstamos, manteniéndose también el enfoque de cogobernanza en la gestión de los fondos del Plan de Recuperación.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) gestionará diferentes fondos, entre ellos la Línea ICO-Verde, dotada con 15.500 millones de euros para facilitar créditos a hogares y empresas públicas y privadas para la realización de inversiones que favorezcan la transición verde, como la generación de energía renovable, la eficiencia energética, la economía circular o la renovación de buques. La canalización de estos fondos se realizará a través de diferentes instrumentos financieros y en colaboración con las entidades financieras.

Canalizará 7.000 millones de euros que se destinarán a financiar inversiones en el tejido empresarial en condiciones favorables. Estos préstamos permitirán hacer frente a las necesidades de financiación de las empresas y paliar los potenciales efectos del endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito, manteniendo el flujo de financiación. Asimismo, permitirá desarrollar medios de financiación alternativos para las pymes y será un instrumento clave para la financiación del crecimiento empresarial.

Con esta línea se destinarán 4.000 millones de euros para aumentar el parque de vivienda en alquiler social o asequible.

Este fondo se dotará con 1.500 millones de euros para las producciones realizadas por empresas del sector audiovisual de España.

Se amplía su dotación hasta los 4.000 millones de euros, para seguir facilitando apoyo financiero a startups españolas en el sector tecnológico en su fase de crecimiento y promoviendo el desarrollo de la innovación y la digitalización.

El Gobierno crea un fondo específico dotado con 2.250 millones de euros para financiar la bonificación fiscal de las inversiones de familias y empresas en transición energética. Este fondo permitirá ampliar los plazos de las deducciones fiscales en el caso de la rehabilitación de viviendas que, en el caso de las residenciales llegarán hasta 2024, en lugar de finalizar en 2023, como estaba previsto.

Se nutrirá con 2.000 millones de euros para la coinversión en empresas españolas con fondos soberanos e inversores institucionales.

Se dirige a impulsar las inversiones de impacto social y medioambiental, como instrumento para reducir la desigualdad y la consolidación del Estado del bienestar, y cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros.

Se destinarán 1.035 millones de euros para reforzar la solvencia de las empresas afectadas por la pandemia de la Covid-19.

Ya estaba contemplado en la reforma laboral como complemento al Mecanismo RED, de estabilización y flexibilización del empleo. La dotación de 3.000 millones de euros de este fondo se añadirá a los excedentes del sistema contributivo de prestaciones por desempleo, generando la capacidad financiera para activar las modalidades sectorial y cíclica del mecanismo RED cuando resulte necesario para preservar el empleo y recualificar a los trabajadores de sectores en dificultades.

Estas herramientas cuentan con 913 millones de euros en garantías de CERSA a través del otorgamiento de avales.

Se trata de un fondo para desarrollar y escalar las políticas de inclusión ligadas al Ingreso Mínimo Vital. Dotado con 2.530 millones de euros, permitirá financiar las acciones ya en marcha para reducir la desigualdad y de la pobreza, con particular atención a la pobreza infantil, así como facilitar la inclusión social y laboral de los hogares con mayores dificultades.

Este fondo está dotado con 2.200 millones de euros para financiar las inversiones del Plan Nacional de Ciberseguridad y facilitar la adaptación de las capacidades públicas y del sector privado en seguridad, defensa, aeronáutica y espacio en un entorno de mayor complejidad geopolítica y de crecientes amenazas digitales y ciberataques.

El panorama del PRTR

En total el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puede llegar a movilizar 160.000 millones de euros en el periodo 2021-2026. En la primera parte de este plan a España le corresponden 70.000 millones de euros, y ya ha recibido de Bruselas los tres primeros pagos por un volumen total de transferencias de 37.000 millones de euros.

A cierre de abril de 2023 se han adjudicado convocatorias de ayudas y subvenciones por más de 27.000 millones, que están financiando más de 400.000 proyectos.  Y además, se han transferido más de 23.400 millones de euros a las Comunidades Autónomas para la ejecución de proyectos en sus ámbitos de actuación.

 

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