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ENERGÍAS RENOVABLES

Andalucía y Extremadura reciben 136,3 M€ para impulsar las energías renovables

Energías renovables

El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) una convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con fuentes de energía renovable en Andalucía y dos convocatorias de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Esto supone una inversión de 136,3 M€ para el impulso a las energías renovables en estas regiones -124,3 M€ en Andalucía y 12 en Extremadura-. Las ayudas en estas convocatorias pueden alcanzar el 30% del coste de los proyectos, y se asignarán, por concurrencia competitiva, en función del nivel de madurez, de innovación tecnológica y de gestión. Para la adjudicación, se pueden establecer criterios vinculados con la Transición Justa y el Reto Demográfico, la lucha contra la pobreza energética, la generación de empleo, el apoyo a sectores productivos concretos.

El paquete de 316M€ al que pertenecen estas dos ayudas, movilizará más de 440 M€ en inversiones para proyectos, que favorecerán la reactivación de la economía frente a la actual crisis del COVID-19 y contribuirá a la consecución de los objetivos que se ha fijado España en el área de las energías renovables: duplicar el consumo en 2030, y alcanzar un sistema energético renovable a mediados de siglo. Además, será una fuente de generación de empleo e impulsará la actividad económica en el segmento industrial de las renovables, que en España es puntera.

Apuesta por el uso de las energías renovables en el sector agroalimentario

En las comunidades de Andalucía y Extremadura las ayudas supondrán una apuesta importante por el impulso a las energías renovables térmicas y eléctricas en el sector agroalimentario y sus industrias conexas.

Estas ayudas facilitarán la reducción de costes y limitarán la dependencia energética de las empresas del sector agrícola, mejorando su competitividad y protegiéndolas de la excesiva exposición a las variaciones de los precios de los combustibles.

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