Las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los autónomos ya pueden acceder a los programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que articula el fondo europeo Next Generation EU. A través de ellos pueden recibir ayudas directas con las que dotarse de nuevas herramientas digitales que potencien su actividad en internet, optimizar su consumo energético u obtener financiación tanto para seguir creciendo como para dar el salto al mercado internacional. Este capital europeo también permite a las Administraciones públicas lanzar nuevos proyectos mediante concursos a los que pymes y autónomos pueden presentarse.
Las vías para acceder a las ayudas y a la financiación europeas y para optar a estas licitaciones son diferentes. Los solicitantes tienen la opción de presentarse por su cuenta, aunque organismos como las entidades bancarias y las consultoras pueden acompañarles en todo el proceso para facilitarles las gestiones. Rubén Heredia, jefe de compra pública de innovación de Zabala Innovation, cree que tanto las ayudas directas como los concursos públicos son una oportunidad para que muchas pymes mejoren su competitividad y se consoliden tras la situación derivada de la pandemia y el aumento del precio de los carburantes. Pero deben dedicar esfuerzos y recursos, tanto para tramitar las ayudas con agilidad, ya que se adjudican en orden de solicitud, como para ofrecer propuestas lo más ajustadas posible a los requisitos de las licitaciones.
Tipos de ayudas europeas y cómo acceder a ellas
El PRTR español contempla ayudas directas en forma de inyecciones de capital a fondo perdido para que las empresas mejoren su eficiencia energética —con fuentes de abastecimiento limpias y movilidad sostenible— y su nivel de digitalización —mediante instrumentos y recursos que actualicen sus procesos y su oferta—. Pero también comprende préstamos en condiciones favorables para fomentar el emprendimiento y la internacionalización de las compañías españolas, así como proyectos innovadores que ofrezcan soluciones sostenibles y digitales o que refuercen el tejido empresarial en el ámbito rural.
El acceso a los programas está gestionado por los ministerios, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y otros organismos públicos, que publican las convocatorias que corresponden a sus competencias en sus propias páginas web, aunque todas están recogidas en el portal del PRTR del Ministerio de Hacienda.
Los planes para la mejora de la eficiencia energética, por ejemplo, son ejecutados por las autonomías, mientras que para el Programa Kit Digital, que facilita la implantación de herramientas digitales, el responsable del reparto es el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Los interesados han de estar pendientes de la actualización de la información, que se suele realizar a diario.
Cómo acceder a las licitaciones
Las Administraciones públicas han abierto concursos para la adjudicación de contratos de nuevos proyectos gracias a la inyección del fondo europeo, a los que pueden acceder pymes y autónomos. Este año, destaca Heredia, se han puesto en marcha varios que giran en torno al desarrollo tecnológico de la Administración. Especialmente para el refuerzo de la ciberseguridad y la identidad digital, el análisis masivo de datos en el sistema sanitario nacional —que mejore la identificación, el diagnóstico y el tratamiento de situaciones de riesgo para la salud—, el desarrollo de aplicaciones que faciliten las gestiones administrativas a los ciudadanos y la digitalización de fondos bibliográficos y documentales de instituciones como el Museo Nacional del Prado.
Todas las licitaciones del PRTR se recogen en las páginas web de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de otros organismos públicos, dedicadas a las ayudas europeas, pero también en el portal de Hacienda y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).
La forma de presentarse, afirma Heredia, es la misma que para los contratos públicos habituales. La empresa debe lanzar una oferta en la que incluya los detalles de la ejecución del proyecto y su presupuesto. Y ha de tener en cuenta los factores que valora la Administración:
- Coste. El organismo público tenderá a elegir el más bajo.
- Calidad. Priorizará las ofertas que garanticen una calidad suficiente para satisfacer a la población receptora, ya que el bien o el servicio repercutirá directamente en el bienestar de los ciudadanos.
- Solvencia. Las compañías han de acreditar que disponen de los recursos suficientes para completar el proyecto.
- Experiencia. Haber realizado proyectos similares es una ventaja respecto a los competidores que no tienen experiencia en ese ámbito.
Tanto pymes como autónomos deben aportar el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, esto se refiere a aquellos que alcanzan un determinado umbral en su valor de ejecución estimada. Estas cifras se actualizan cada año y se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En 2022 se sitúa en 140.000 euros para la Administración General del Estado y en 215.000 euros para el resto de entidades del sector público, para contratos de suministro o de servicios. Y en 5.382.000 euros para los de obras o los de concesión de servicios (se refiere a cuando se cede un espacio para su explotación, como un puesto en un mercado de abastos o una peluquería en un centro de mayores, por ejemplo).
El DEUC es una declaración que certifica que la situación financiera de la empresa es favorable y que tiene capacidad para licitar, ya que el documento incorpora las manifestaciones de que se está al tanto de las obligaciones fiscales y laborales y que no se tienen causas penales. Su objetivo es reducir y simplificar los trámites, ya que permite conocer el estado de las compañías licitadoras en un único documento.
Los plazos de presentación se reducen para los programas sufragados con los fondos europeos. Si para las licitaciones habituales, explica Gádor Espinosa, directora ejecutiva de iTenders, un portal que agrupa concursos públicos, el intervalo entre el anuncio y la fecha máxima es de 15 días hábiles, ahora se reduce a 10 días naturales. De manera que, por ejemplo, un programa anunciado el 20 de mayo se cierra el 30 de ese mes. Desde ese momento, se abre el periodo de resolución para el que no hay un tiempo estipulado, pero la Administración tiene voluntad de que sea lo más corto posible, asegura Espinosa.
El asesoramiento profesional: esencial en el proceso
Pymes y autónomos pueden acceder a las ayudas y las licitaciones por su cuenta, pero los expertos recomiendan contar con el asesoramiento de profesionales como los de las entidades bancarias, ya que preparar la documentación y gestionar el proceso es todo un reto para estas empresas. Las organizaciones empresariales y sectoriales, además, han puesto en marcha sesiones de divulgación y orientación.
Las entidades bancarias acompañan al responsable de una empresa o el autónomo y su labor comienza incluso antes de que tenga claro qué ayudas y licitaciones quiere solicitar, de forma que le asisten en la identificación de sus necesidades y sus expectativas y le pueden indicar tanto a qué ayudas y vías de financiación optar como cuál puede ser la elección más adecuada.
Para ello, realizan un análisis de los riesgos y ayudan al solicitante a formalizar la documentación. Incluso pueden proponer consorcios o sugerir alianzas con otras compañías para llegar a concursos de mayor envergadura. Una vez que se ha obtenido la ayuda, la financiación o el contrato, el gestor de la entidad bancaria acompaña al empresario en los pasos posteriores, ya que los programas requieren la presentación de justificantes económicos (como facturas) y técnicos (como el análisis del rendimiento de la actividad) en varios momentos del proceso para que, ante cualquier duda o inconveniente, puedan reaccionar a tiempo y concluir el proyecto con éxito.
Puedes leer aquí el artículo completo de El País.
